Justicia tuerta por Hoenir Sarthou
¿Qué sería de esperar si uno denuncia ante un juez que está siendo ilicitamente presionado para hacer algo que no quiere hacer y que ninguna ley le impone, si denuncia que por eso le demoran la atención en una institución médica, o lo despiden de su trabajo, o no le permiten participar en la vida social como al resto de las personas?
Hablamos de un juez. Una persona formada, pagada y con poder para, precisamente, intervenir cuando hay derechos vulnerados. Esa es su función, la razón de ser de su cargo.
¿Y qué pasa si el juez, en lugar de intervenir, se dedica a observar en qué hoja firmaron los reclamantes, a especular con que, por razones territoriales, tal vez no le corresponda juzgar algunos de los hechos denunciados (aunque de la mayoría no tenga escapatoria), o sostiene que venció el plazo para reclamar, cuando es notorio que los hechos denunciados ocurren y se renuevan todos los días y a todas horas, en muchisimos lugares, afectando a los denunciantes y a muchas otras personas?
¿Y qué pasa si, en lugar de ser un juez, son cuatro jueces? Cuatro personas con autoridad que deciden no dar curso a una solicitud de amparo, pretextando, increíblemente, que, como los hechos denunciados tienen relación con la vacunación, y la vacunación comenzó el 27 de febrero, está vencido el plazo legal de 30 días para pedirlo.
Vamos a entendernos: si se generalizara el criterio del fallo, significaría que, si usted va mañana a una institución médica a pedir cierto tratamiento y le hacen cuestión o lo discriminan por no estar vacunado, no tiene derecho al pataleo porque no pidió el amparo judicial antes del 27 de marzo (los jueces actuantes cuentan el plazo desde el inicio de la vacunación). También significa que, si lo despiden mañana por no estar vacunado, no tiene derecho al amparo porque no lo pidió antes del 27 de marzo. Y si, el mes que viene, a su hijo adolescente no lo dejan entrar a un cumpleaños de 15, tampoco hay nada que hacer, porque habría que haber pedido el amparo antes del 27 de marzo.
¡Claro que es absurdo! ¿Qué tiene que ver la fecha de la vacunación con la discriminación que ha ido instalándose después y sigue creciendo desde mediados de este año? El amparo era por la discriminación extorsiva que se practica, no por el inicio de la vacunación, que, en teoría, no es obligatoria.
Hay que relativizar alguna cosa. Este resultado de la acción de amparo ante la discriminación contra los no vacunados es la postura adoptada por cuatro jueces: la Dra. Gabriela Rodríguez Marichal, Juez Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, y los Dres. Edgardo Ettlin (que redactó la sentencia de segunda instancia), María Cristina Cabrera y Beatriz Tommasino, Ministros los tres del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 19º Turno. Me consta que hay otros jueces con una visión distinta y muy digna frente a este tema. Sin embargo, lo que cuenta son los resultados institucionales. Y lo cierto es que, requerido el amparo del Poder Judicial por nada menos que 2.717 personas que se sienten presionadas y avasalladas, el resultado fue que cuatro magistrados se negaron a intervenir en el asunto y lo rechazaron de plano, sin citar a los demandados, ni oir a los demandantes, ni analizar sus pruebas, en base a argumentos formales que no resisten la menor crítica.
Nunca, en los últimos cuarenta años, habíamos vivido 19 meses en estado de excepción, con derechos limitados, imposición de tapabocas, de distancia física y ahora, en los hechos, de vacunación, gobernados por protocolos de los que nadie se hace debidamente responsable, sometidos a la información parcial, acrítica y muy sesgada de la prensa formal y a la censura directa en las redes sociales.
No hay ley que imponga esas exigencias. Tampoco decretos. Nos hemos acostumbrado –muchos uruguayos se han acostumbrado- a obedecer protocolos, comunicados y hasta anuncios hechos por televisión, ya sea por el Presidente, o por los ministros, o por tecnócratas que ofician de asesores y reproducen los mandatos y “recomendaciones” de la OMS, o directamente de los laboratorios.
Como en el viejo cuento sobre la rana que se deja cocinar si el agua del recipiente en que está sumergida va calentándose poco a poco, nos hemos ido acostumbrando a ese sometimiento sin importar cuán irracionales, contradictorias o absurdas sean las órdenes.
Así, el año pasado se nos dijo que el tapabocas no servía, que había que encerrarse, dejar los zapatos afuera, y bañarse y lavar toda la ropa si uno ponía un pie en la calle. Nos dijeron que el gran peligro era la falta de respiradores, hasta que se supo que los respiradores suelen hacer más mal que bien a los contagiados. Más tarde cambiaron de opinión y nos dijeron que los tapabocas eran imprescindibles. Después nos aseguraron que con las vacunas se vencería a la enfermedad, que los vacunados podrían hacer vida normal y que las vacunas tenían índices de efectividad de entre el 97 y el 99%. ¿Se acuerdan? Luego bajó misteriosamente el índice de efectividad y resultó que todos podíamos contagiarnos y contagiar. Entonces nos dijeron que habría que darse una tercera dosis. Y luego una cuarta. Y admitieron que no sabían cuánto duraba la supuesta inmunización. Para completar el absurdo, cada día se habla de una nueva cepa de SARS CoV2, pero hace poco nos enteramos por el ministro Salinas y por el Ministerio de Salud Pública (el ministro lo dijo en el Parlamento y el Ministerio como respuesta a un pedido de acceso a la informacion) que en el Uruguay no se tiene aislada ninguna cepa del virus y que no existen por el momento laboratorios aptos para tenerla. La consecuencia es obvia: ¿cómo diablos saben entonces ante qué cepa se encuentran?
Sin embargo, mientras mucha gente vivía y vive asustada, a salto de mata, siguiendo esas indicaciones e informaciones incoherentes, un proceso nada sanitario ha seguido su marcha constante: la desarticulación del Estado de derecho y del sistema democrático republicano.
Como es sabido, el sistema democrático republicano se caracteriza, entre otras cosas, por la existencia de un marco constitucional de derechos fundamentales y por la existencia de tres poderes del Estado con cometidos específicos.
Sobre el marco de derechos no parece haber mucho que agregar. Confinamientos, hisopados, limitación de derechos de reunión y de ingreso a múltiples lugares, impedimentos para el trabajo y el comercio, vacunación extorsiva, persecución laboral, etc., han estado a la orden del día durante estos 19 meses. Y su regreso pende como una espada de Damocles de los vaivenes de los inadecuados y manipulabes test PCR. Pero hay otro aspecto del que menos gente parece darse cuenta.
Ya hemos visto que el Poder Ejecutivo se dedica a traducir, edulcorar y, hasta donde puede, moderar los protocolos y mandatos que, vía OMS, se imponen a todos los gobiernos. Vacunar parece ser el mandato principal, y ¡vaya que nuestro Ejecutivo está haciendo lo que puede y más por cumplirlo, incluso tomando como objetivo a los niños!
El Poder Legislativo, mientras tanto, duerme la siesta. 19 meses de estado de excepción, en los que no controló ni legisló nada. Apenas dos o tres leyes sobre aspectos menores, de las que ya casi ninguna está vigente. ¿Alguien recuerda que el Poder Legislativo tiene funciones y poderes de contralor y que debe garantizar la vigencia de la Constitución? ¿Es posible que se viva al ritmo de protocolos y comunicados caprichosos mientras el Parlamento mira al techo, sin dignarse a establecer criterios racionales y previsibles para las medidas sanitarias?
En cuanto al Poder Judicial, su performance viene muy mal. Desestimó primero, en segunda instancia, revocando una buena sentencia del Juez Ohanian, un pedido de acceso a la información en el que el demandado era el MSP. Se le preguntaba por la cifra total de muertes durante un periódo de plena vacunación. Pero el Poder Judicial autorizó al MSP a guardar secreto. Ahora rechazó de plano, sin indagar nada, un reclamo de amparo de 2.717 personas ante la discriminación de la que son víctimas por no estar vacunados.
Pero no siempre el Poder Judicial se lava tan rápidamente las manos. Así, sigue celosamente un proceso penal contra tres personas (Sciuto, Ferreira y Vega) por el crimen imperdonable de convocar a la gente para cantar el himno en una plaza de Maldonado. Y sigue otro proceso penal contra otras dos personas (Vega y Queimada) por supuestamente haber injuriado a uno de los científicos pandémicos. Es que no hay comparación: ¿cómo comparar molestias menores, como la falta de atención médica, o el despido, o la marginación social, con el crimen atroz de cantar el himno o de dudar de la honorabilidad de un asesor oficial?
Hasta que nuevas sentencias lo desmientan y comprueben lo contrario, es válido pensar que la Justicia uruguaya no es ciega, como usualmente se la pinta, sino tuerta, con un solo ojo que mira para un solo lado: el más conveniente para el poder y el más seguro para el sentenciante. Es éste un tema grande e importante, en el que no puedo abundar hoy, pero que queda pendiente.
En suma, los protocolos cambian, las cepas mutan, las dosis necesarias de vacunas se multiplican, las declaraciones oficiales oscilan al borde de la esquizofrenia, pero hay una cosa que es constante: la reducción de garantías y la disfunción del sistema institucional, que afecta notoriamente a los tres poderes del Estado.
No es para sorprenderse. Muchos ya sospechábamos –o sabíamos- que la pandemia, como otros motivos de alarma que se anuncian en el horizonte, tiene una finalidad que va mucho más allá de lo sanitario (o de lo ambiental, energético-comunicacional, o económico).
La desarticulación de los sistemas institucionales, el sometimiento de los gobernantes, y el acostumbramiento de la población a obedecer órdenes irregulares e irracionales, es un factor esencial para una reorganización económica y política de alcance global, como la que ya está en curso.
Percibirlo es sólo cuestión de tiempo. Mucha gente, en todo el mundo, ya se ha dado cuenta y empieza a actuar en consecuencia.
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